El Primer Circuito federal reconoció el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para modificar el derecho a una pensión definida

El Primer Circuito de Apelaciones confirmó este martes el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central al denegar el recurso de revisión que radicaron varias organizaciones magisteriales y que buscaba preservar el plan de retiro de estos profesionales en el sistema público de enseñanza.

El revés judicial, salvo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acoja el caso, tiene el efecto de cerrar para siempre el plan de beneficio definido que gestiona el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

El fallo se produjo este martes, cuando el panel integrado por los jueces O. Rogeriee Thompson, Jeffrey R. Howard, and William J. Kayatta, Jr. concluyó que, al rechazarse el derecho a una pensión definida en el PDA del gobierno central, los educadores aportarán a un plan de ahorro definido que será “materialmente menos favorable” para la mayoría de los participantes.

Pero a su vez, los jueces concluyeron que el plan de pensiones o de beneficio definido que -por décadas- se ofreció a los educadores demostró ser insostenible para el gobierno puertorriqueño y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), según lo dispuesto por el Congreso en la ley federal Promesa, puede -a través de un PDA- modificar las obligaciones contractuales del gobierno como deudor, incluyendo aquellas que pudieran haberse contraído por ley como sería el pago de pensiones.

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