Por Kevin Hartmann

El pasado 4 de abril, el presidente Iván Duque y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) anunciaron una importante decisión: 4,5 billones de pesos se destinarían a inversión en obras de infraestructura.

El acto solemne encabezado por el presidente sembró algunas dudas. Por ejemplo, no fue claro si esta decisión se concertó con el gobierno o si fue tomada autónomamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En el primer caso, estaríamos ante un grave conflicto de interés, en la medida en que el gobierno nacional tiene la obligación de supervisar, vigilar y controlar las AFP a través de la Superintendencia Financiera. Por lo tanto, concertar una decisión con el vigilado parece ser, por lo menos, controversial.

En el segundo caso, no se explicaría por qué el presidente hizo el anuncio como si se tratase de un logro de su gobierno, al tiempo en que vociferaba críticas veladas a las propuestas de política social de otras campañas.

La manera de anunciar esta decisión dejó la puerta abierta para todo tipo de interpretaciones, entre ellas que las AFP estaban respaldando al gobierno saliente y participando de un acto abiertamente proselitista.

Las razones
Los motivos que justificaron la decisión fueron ambiguos, pues no es claro si se trata de una decisión autónoma de inversión de las AFP o simplemente del cumplimiento de la Ley 2112 de 2021. Esta ley obliga a las AFP a destinar, precisamente, un porcentaje mínimo de inversión en infraestructura nacional a través de fondos de capital privado.

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