Por Pablo Moreno, Andrés Berg & Matías Petersen

De un tiempo a esta parte, la confianza ciudadana en los sistemas de pensiones ha ido mermando en todo el mundo. La lista de problemas es amplia: bajas tasas de reemplazo, rendimiento moderado de los ahorros invertidos, escaza transparencia y fiscalización de las administradoras de fondos, envejecimiento de la población y cobertura insuficiente para ciertos grupos sociales. La percepción de muchos es que los sistemas de seguridad social no funcionan correctamente (OECD, 2018; Macías, 2019). El sistema de pensiones chileno no ha estado exento a esta crítica. Tanto así, que la legitimidad política del sistema se ha constituido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de la clase política (CEP 2019). No obstante, el modelo chileno presenta cualidades positivas que es necesario destacar. Por un lado, proporciona una serie de incentivos a trabajar, ahorrar y contribuir durante la vida laboral activa. Al ser un sistema de contribución definida —concepto que se desarrollará en el siguiente apartado—, no está sometido a presiones financieras, y se encuentra respaldado por una estructura operacional de funcionamiento sólida, lo que se traduce en importantes cuotas de robustez y sostenibilidad (Benavides & Valdés, 2018). Junto a lo anterior, el Pilar Solidario —recibido por más de un millón y medio de personas— entrega una protección medianamente efectiva frente a la pobreza (Subsecretaría de Previsión Social, 2019).

Fuente: Idea País