Por Alberto Arenas de Mesa

En América Latina, el bienestar de millones de personas de edad avanzada depende del adecuado funcionamiento de los sistemas de pensiones. Así, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones corresponde a uno de los desafíos más relevantes, en particular, en tiempos de pandemia. Por ello, debería prestarse especial atención a los debates de política fiscal, los que están cada vez más vinculados con la sostenibilidad financiera de la protección social. Este documento entrega antecedentes para crear una base de datos del gasto público en los sistemas de pensiones en la región, así como proyecciones de los compromisos financieros de los esquemas previsionales. Ambas materias deberían ser áreas de estudio y análisis prioritarios en el ámbito de las políticas públicas. Considerando la información de un grupo de países (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay), el gasto público en los sistemas de pensiones aumentó de 4,8% a 5,5% del PIB entre 2000 y 2017. Las proyecciones de los compromisos financieros para 17 países de la región indican que el gasto público en pensiones crecería de 4,2% a 5,7% del PIB entre 2017 y 2030 en América Latina, considerando el acelerado envejecimiento regional y los potenciales avances en los esquemas no contributivos, como una cobertura de 40% de la población de 65 años y más, y un nivel de prestaciones equivalentes a una línea de pobreza. En este contexto, llama la atención que no existan estadísticas oficiales sistematizadas respecto del gasto público de los sistemas de pensiones en la región. La creación de bases de datos debería ser una prioridad para los países y para los organismos internacionales, con el objeto de apoyar tanto el diseño de políticas públicas, como de futuras reformas previsionales y fiscales que permitan consolidar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en América Latina.

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