Por Carmen Muñoz y Franco Aguilar Hidalgo

La pandemia por la COVID-19 en Chile está reforzando la necesidad de transformaciones sociales profundas. De alguna manera, la crisis sanitaria ha dado continuidad a la grave crisis social que en forma de estallido social, 1 el 18 de octubre de 2019 nos llevó a manifestarnos en la calle en contra de la clase política y el gobierno de Sebastián Piñera puso el control de la seguridad pública y de la nación en manos de las fuerzas armadas por 10 días, mediante la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia2 y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2020), nos dejó 3765 personas heridas, 445 con heridas oculares, 2122 heridas por disparos y 271 heridas por bombas de gases lacrimógenos de ataques directos en las manifestaciones.3 Pero esta crisis social nos dejó, además, la vejez como protagonista de la demanda de dignidad y su transversalización generacional.

Situando el monto de las pensiones de las personas mayores de 60-65 años como centro y determinante de las condiciones de vida de las viejas y viejos en Chile, la pandemia nos está mostrando la cara real de los problemas de acceso y calidad de la salud, los costos de los servicios básicos domiciliarios y de transporte, el reempleo por precariedad económica y la ineficiencia de las medidas subsidiarias de una relación Estado-mercado que está anquilosada como desigual.

Fuente: Research Gate