Alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación sigue sin ser atractiva para los trabajadores españoles tras la aprobación de la primera fase de la reforma de las pensiones. Pese a que uno de los principales objetivos del Gobierno y del Ministerio que encabeza José Luis Escrivá era incentivar el retraso de la edad de jubilación, el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson de esta primera parte de la reforma, ha detectado serias ineficiencias, especialmente en este punto, en lo que se refiere al retraso de la edad de jubilación.

“La propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año, cuando anteriormente, fluctuaban entre el 2% y el 4% y la hace independiente de los años cotizados”, reconoce Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE e integrante del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson. Sin embargo, “se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses” explica el experto. “Aproximarse a la equidad actuarial en cuanto respecta a la jubilación demorada llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora, es decir, de un 7,2% por año”.

“No se está premiando de forma suficiente el retraso de la edad de jubilación, es un sistema claramente penalizador para las jubilaciones anticipadas, pero nada motivador para las demoradas. No ayuda a que los trabajadores se sientan cómodos con seguir alargando su vida laboral, una decisión que ya de por sí es poco apetecible en la mayoría de los casos” asegura Rafael Villanueva, director del área de Retirement de Willis Towers Watson.

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