Financistas a ciegas

Por Héctor Huamán

Estoy un poco nervioso. Soy trabajador, tengo dos cánceres, uso pañales para trabajar, y mi pregunta es la siguiente: quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o como empresario”, dijo Alonso Ortiz (63 años) intentando evitar el temblor de su voz frente a un reportero de televisión que tomaba el pulso del transporte público en los primeros días del estallido social en Chile. Era octubre de 2019.

Su pregunta venía desde una herida abierta, desde las secuelas de un modelo de pensiones, el de la capitalización individual, que ha financiado el crecimiento económico del país sureño pero no jubilaciones suficientes para cubrir gastos básicos. Pensiones de vejez que no alcanzan o pensiones de invalidez que son negadas incomprensiblemente como en el caso de Ortiz, mientras las grandes empresas privadas reciben financiamiento o los gobiernos salen de apuros financieros con el dinero de las pensiones. Y es que mientras Ortiz daba vueltas a Santiago al volante de un bus de transporte público; el dinero de su jubilación circulaba entre los grupos económicos más poderosos de Chile, el país donde se inició, en 1981, la privatización de las pensiones que luego se extendería por América Latina.

Los trabajadores de nueve países de América Latina han ahorrado alrededor de 500 mil millones de dólares para sus pensiones, esto a partir de cuentas individuales administradas por firmas privadas en su gran mayoría. Las conocen como AFP en Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana; como AFAP en Uruguay, Afore en México y OPC en Costa Rica. Reciben cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador, y una comisión por rentabilizar los fondos de jubilación a través de sus decisiones de inversión.

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