En 2019 una mujer guatemalteca, a punto de naturalizarse mexicana y dueña de una joyería en la Ciudad de México, nos contó: “He vivido varios años en México, pero no puedo tener un crédito… en cualquier lugar me piden la INE y, aunque les explico que tengo la residencia [permanente], me lo niegan, dicen que así son las leyes. Por eso quiero ser mexicana, quiero un crédito para mi negocio”.

Esta y otras historias reflejan una problemática real: la nula o poca inclusión financiera de la población migrante y sujeta a protección internacional en México. La inclusión financiera se refiere “al acceso que las personas puedan tener al sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro para el retiro, entre otros”.

Esta permite la satisfacción de necesidades, mejora la calidad de vida de las personas y debería ser asumida por los países como una prioridad que, incluso, empata con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En lo que toca a las personas en movilidad internacional, mediante el “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular” y el “Pacto mundial para los refugiados”, los estados se comprometieron a hacer accesibles los servicios financieros, en particular la apertura de cuentas bancarias.

Este compromiso no es irrelevante si se considera que, para lograr la integración en el país de acogida, las personas en movilidad internacional requieren ser titulares de una cuenta bancaria pata insertarse al mercado laboral formal, recibir y enviar dinero a sus familias y, en general, mejorar la condición de vida de un grupo en situación de vulnerabilidad.

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