Por Leonela Artavia Jiménez, Larissa Tristán, Jiménez, Ignacio Siles González e Ingrid Ross

América Central es una región que enfrenta retos económicos, sociales y de sistema político. Costa Rica, aunque presenta condiciones menos desfavorables que otros países de la región, no se escapa de esta realidad. Según la Encuesta Continua de Empleo del III trimestre de 2020 en Costa Rica el desempleo se situó en 22%, y el trabajo informal en 44,5%. Estos números son alarmantes y aumentan cuando se refieren a mujeres y personas jóvenes. Por otro lado, en la era de las tecnologías digitales, han surgido plataformas digitales que funcionan como fuentes de
empleo al brindar diferentes tipos de servicios variados, los cuales ofrecen una opción de ingreso económico para miles de personas a un ritmo más acelerado del que la normativa institucional puede procesar. Por eso las operaciones en la economía de plataformas no se encuentran reguladas aún en el país, y siguen funcionando en una zona gris poco clara para las y los trabajadores y para la ciudadanía. Uber entró en funcionamiento en Costa Rica el 21 de agosto de 2015, El modelo de negocio de viajes de Uber está basado en conectar personas que ofrecen servicios de transporte individuales (conductores o choferes) a usuarios (clientes) a través de una aplicación. La plataforma define los términos de uso de este servicio para choferes y clientes, establece el precio de viaje para el cliente, el pago que recibe el chofer, la ruta y otros.

Uber reportó en una carta pública a inicios de 2020 que contaba con 28.000 conductores y 971.000 usuarios en el país. El acceso a información sobre las operaciones de la empresa en Costa Rica es limitado. La empresa no está registrada en el país como servicio de transporte, no paga impuestos, ni publica un informe sobre sus ingresos al nivel del país, solamente sobre sus operaciones globales en donde Costa Rica entra en la categoría “otros países”.

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