Por Edgar Robles Cordero

Costa Rica tiene un desafío inmenso en el tema pensional. Por un lado, posee uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de América Latina, como resultado de una caída abrupta en la tasa de fecundidad y un aumento en la expectativa de vida de la población. Por otro lado, el envejecimiento de la población se combina con regímenes de pensiones públicos generosos, deficitarios y desfinanciados, con un alto impacto sobre las finanzas públicas. Solo en el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estima que el déficit actuarial equivale al 102 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa dos veces la deuda pública del país. Este déficit surge porque el IVM otorga en promedio jubilaciones que duplican el monto al cual podría acceder un retirado con sus cotizaciones. Este subsidio, cuyo valor presente por jubilado el BID calcula en US $153.000, es pagado por una población activa que se ha ido encogiendo a lo largo del tiempo, en relación con los pensionados.

El Estado costarricense dedica una porción relevante de su presupuesto a financiar las pensiones de los regímenes públicos. Para el año 2019, las contribuciones al IVM, el pago de las pensiones con cargo a Presupuesto Nacional y el Régimen no Contributivo de la CCSS, consumieron el 22 por ciento de los gastos del Gobierno, aproximadamente un 4 por ciento del Producto Interno Bruto. A ello habría que sumarle las contribuciones al Fondo del Poder Judicial y al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional. A pesar de ello, este gasto ha sido inefectivo para controlar la pobreza en vejez, la cual sigue siendo alarmantemente alta en Costa Rica. Por una parte, en Costa Rica solo la mitad de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión de cualquier régimen de pensiones. Por otra parte, en la región, solo en Colombia, México y Costa Rica, los adultos mayores de 65 años es el grupo de la población que sufre el mayor porcentaje de pobreza. Además, la pobreza en Costa Rica entre adultos mayores de 80 años se duplica en comparación con lo mayores de 65 años. Esto implica que hay mucho espacio para mejorar la efectividad del gasto en pensiones.

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