Por Ana Sojo

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló en el conjunto de documentos que constituyen la “trilogía de la igualdad”1 que, en el complejo y cambiante escenario económico y social actual, América Latina y el Caribe debe reorientar el paradigma del desarrollo para lograr la igualdad y la sostenibilidad ambiental. La igualdad, estructurada a partir de un enfoque de derechos, debe ser el objetivo central y el horizonte del desarrollo, y es crucial para el concepto de desarrollo sostenible. La noción de igualdad no se refiere únicamente a la distribución de los ingresos monetarios. Sin desconocer la importancia fundamental de esta dimensión, la CEPAL ha ampliado su alcance, destacando su carácter multidimensional: se trata de la redistribución de ingresos, activos y recursos, pero también de la autonomía, del reconocimiento de los sujetos y de su dignidad. Afirmar que el desarrollo social es uno de los pilares del desarrollo sostenible significa, por un lado, que su logro depende de las estructuras productivas y de una mayor capacidad inclusiva del mercado de trabajo, del desarrollo económico y de las condiciones políticas y medioambientales; por otra parte, significa también que es condición indispensable para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

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