Automatizarán otorgamiento de pensiones a empleados gubernamentales en México

Los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Osvaldo Santín Quiroz y José Reyes Baeza Terrazas, respectivamente, suscribieron un convenio de colaboración con el propósito de automatizar los procesos de movimientos de alta en el otorgamiento de las pensiones.

El convenio también permitirá automatizar el trámite necesario para los incrementos salariales y datos de los pensionados, acciones que permitirán eficientar y transparentar el gasto asignado a este rubro, que en el 2016 significa un monto de 190,000 millones de pesos.

El director general del ISSSTE detalló que la aplicación de este instrumento comenzará en julio, a manera de modelo piloto en seis dependencias y entidades, para lograr generalizarlo en el 2018.

Añadió que con él se permitirá un diálogo permanente entre el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto con la Base Única de Datos de Afiliación y Recaudación de la Tesorería de la Federación, al tiempo que se emitirá una prefactura del pago pensionario con base en una validación previa del historial laboral del beneficiario.

“Ello evitará movimientos discrecionales y unilaterales, y permitirá detectar errores en el cálculo de asignación en los montos de pago de esta prestación”, comentó en su intervención durante el evento.

Dicho convenio permitirá que en caso de que se detecten movimientos atípicos o sueldos superiores, éstos se puedan validar ante el SAT y, posteriormente, en el sistema de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE para tener la certeza de que la antigüedad y el sueldo registrado si le corresponden al trabajador.

Por medio de un comunicado, el SAT informó que para la implementación de esta estrategia se realizará una campaña de sensibilización dirigida a las dependencias, entidades y municipios afiliados al ISSSTE para la adopción de estas herramientas tecnológicas.

Fuente: El Economista