En las últimas semanas, la COVID-19 y sus graves consecuencias económicas han estado en el centro del debate a nivel mundial. Al ser el distanciamiento social (y el consecuente establecimiento de confinamiento obligatorio en muchas ciudades) una de las principales medidas sanitarias para contener el avance de la pandemia, nuestras economías se han visto gravemente afectadas.

En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se calcula que, a causa de la crisis, en los países de América Latina y el Caribe se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar a 62%. Ante este escenario, los gobiernos han salido al rescate de al menos parte de los ingresos de los trabajadores, adoptando distintos tipos de medidas que van desde bonos extraordinarios para proveer a los trabajadores afectados (principalmente trabajadores informales) de recursos mínimos para su subsistencia y subsidios a los salarios de los trabajadores más vulnerables para mantener su empleo, hasta la flexibilización de medidas relacionadas a la seguridad social, como la suspensión de contribuciones. En ese contexto, algunos países de la región se están planteando la posibilidad de entregar un acceso parcial temprano a los fondos de pensiones.

¿Pero será esta una buena política social? ¿Es aconsejable que los países de la región consideren medidas semejantes?

Diversos países están estudiando permitir el acceso a los fondos de pensiones para ayudar a los ciudadanos a sobrellevar la crisis, o ya han tomado medidas en esa dirección. En Chile, República Dominicana y El Salvador existen propuestas para retirar un 10%, 30% y 50%, respectivamente, del saldo en la cuenta individual. En Perú, el Gobierno aprobó el retiro de hasta 2 000 soles (aproximadamente USD 600) de los fondos de pensiones para los trabajadores que estuvieron desempleados en los últimos 6 meses, y más recientemente el Congreso promulgó una ley para que todos los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones de ese país puedan retirar hasta un 25% de los ahorros en sus cuentas individuales (con un tope de 12 900 soles o aproximadamente USD 3 800). Esta respuesta de política no es única de América Latina: Australia y Estados Unidos, por ejemplo, han aprobado esquemas de acceso parcial a los ahorros para el retiro en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

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