Por Francisco Sagasti

El Perú no tiene un sistema de pensiones. La gran mayoría de adultos mayores no cuenta con el apoyo necesario para una vejez digna. El componente público, la ONP, es excesivamente rígido y abarca solo al 10 % de los peruanos en edad de trabajar. El componente privado, las AFP, aprovecha indebidamente su condición oligopólica y no alcanza al 20 % de los trabajadores, y las pensiones de militares y policías cubren menos del 1 %. Un 70 % de los peruanos en edad de trabajar no tendrá protección alguna cuando se retire. Remedios puntuales, como Pensión 65, no aseguran una vejez digna.

La transición demográfica hará que en el futuro no muy lejano tengamos una proporción menor de personas en edad de trabajar en relación con los menores de 15 y mayores de 65 años. A esto se añade la profunda huella la crisis de salud, económica y social que nos deja la pandemia del COVID-19, lo que exige una reflexión seria y decisiones urgentes sobre las pensiones y la seguridad social.

El Partido Morado ha propuesto la creación de una comisión especial mixta con un miembro de cada uno de los partidos representados en el Congreso, de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, y Desarrollo e Inclusión Social, para que en 45 días defina los lineamientos que guíen la reforma del sistema de pensiones. Su informe se enviaría al Acuerdo Nacional para que, mediante un amplio proceso de consultas con la ciudadanía, llegue en otros 45 días a un consenso operativo sobre los criterios que conducirán al rediseño del sistema de pensiones.

Con esta información, el Congreso aprobaría a la brevedad posible las leyes necesarias para su implementación. Como contribución inicial al debate sobre el diseño de un nuevo sistema de pensiones, el Partido Morado plantea los siguientes diez lineamientos: Visión integral: La reforma debe orientarse hacia la instauración de un nuevo sistema de pensiones que integre todas las prestaciones de los sistemas público y privado, con una supervisión centralizada que asegure la implementación del derecho fundamental a recibir una pensión.

Cobertura universal: La reforma debería garantizar que todo peruano de la tercera edad, sin distinción, pueda contar con un ingreso mínimo para una vejez digna, estableciendo una pensión básica y universal.

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