El Gobierno aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado este martes para algo que, en teoría, no tiene que ver con el Covid-19. En concreto, para iniciar el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda –donde han estado siempre hasta ahora– al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Varias disposiciones adicionales de este decreto inician este traspaso que se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro real decreto de estructura del ministerio que dirige José Luis Escrivá.

Pero, de momento, se aprueba que dicha gestión de pensiones y otras prestaciones del personal del Estado pasarán a depender, primero de manera transitoria de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, después, definitivamente del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS). Pero ¿quiénes forman parte de este Régimen de Clases Pasivas? ¿Cómo cotizan estos funcionarios? ¿Cómo se jubilan? Actualmente, hay 637.213 funcionarios en Clases Pasivas, la mayoría de ellos de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y fuerzas de seguridad del Estado o la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades.

No obstante, se trata de un régimen a extinguir ya que desde el 1 de enero de 2011 no entran nuevos trabajadores. Aun así, todavía existe el colectivo antes citado de pensionistas y cerca de 700.000 cotizantes cuyas cotizaciones, al igual que estas pensiones, las paga el Estado (que es el empleador) con impuestos. El presupuesto actual para el pago de estas pensiones ronda los 15.500 millones de euros anuales, que, cuando se haga efectivo este traspaso, deberá transferir Hacienda a la Seguridad Social incluidos los gastos de gestión.

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