Por Rafael Castellanos

La Asamblea Legislativa discute posibles reformas al Sistema de Pensiones,, por lo que es pertinente revisar que es, como funciona, los retos que afronta, los peligros de que el Estado meta mano en el mismo o se hagan Reformas que perjudiquen a los cotizantes.

Hasta 1998 solo existían los Sistemas de Reparto, los cotizantes ponían su dinero a un fondo administrado por el estado o la institución, con la promesa que al jubilarse recibiría una pensión.

Los sistemas estaban en estado de insolvencia y no podría cubrir lo prometido, ISSS, INPEP, IPSFA. En esa coyuntura, en linea con otros países se estableció como una solución, el sistema privado de pensiones, en el cual lo que se privatizó fueron los fondos de los cotizantes, pues de una cuenta oscura de una institución de reparto pasaron a ser una cuenta de su propiedad. Una gran falacia propagada por la izquierd,a es que se privatizaron las pensiones para que se apropiaran de ellas “voraces empresarios”.

Totalmente falso, ahora son del trabajador cotizante, hasta su muerte o retiro del sistema. Estos son administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, los cotizantes del sistema pudieron optar trasladarse al nuevo sistema.

Este se nutre de un ahorro obligatorio del 15% mensual, (3 puntos por encima de sistema estatal), el trabajador aporta 7.5% y el empleador otro 7.5%, eso llega a constituir el patrimonio, que administrado por las AFPs debe producir el ingreso suficiente para otorgar una pensión adecuada, ademas de contar con un seguro para invalidez, vejez y muerte del cotizante.

Las AFPs cobraban 3% mensual, ahora 1.9% de comisión incluyendo seguro, 1% neto, 1/15 vo de la cotización, falsamente señalado por demagogos o ignorantes como causante de la baja.

Lo que verdaderamente afectó el rendimiento fue la apropiación de aproximadamente 5 mil millones de los 8 que forman el patrimonio, para financiar el Fideicomiso creado por Saca a una tasa que hasta hace poco fluctuaba entre 1 y 1.5% mensual. Actualmente el Gobierno paga 6% aún por debajo de lo que paga por los bonos soberanos. El Estado robó a los pensionados más de $3.500 millones.

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