Cuando la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció a fines del mes pasado que accedería a las solicitudes de la junta de supervisión fiscal ordenada por el Congreso de EE.UU. para el Estado Libre Asociado de recortar algunas pensiones de trabajadores del gobierno hasta en 8,5%, la reacción fue rápida.

Los manifestantes regresaron al frente de la mansión del gobernador en el barrio colonial de San Juan –el sitio de las protestas que eventualmente derrocaron al exgobernador Ricardo Rosselló el verano pasado– e incluso en lo que creían eran las casas privadas de los miembros de la junta, cantando y golpeando ollas y sartenes en lo que se conoce como cacerolazo. Agregando su voz a las protestas callejeras, Maite Oronoz Rodríguez, jefa de la Corte Suprema de Puerto Rico, envió una carta a la junta advirtiendo sobre renuncias masivas en el poder judicial de la isla debido a preocupaciones por las pensiones, en la que declara que “después de toda una vida de dedicación y servicio a Puerto Rico, nuestros jueces no merecen especular sobre su futuro con base en la información limitada” que, dijo, la junta había hecho pública respecto a sus planes.

A pesar de su declaración televisada de que “no apoyaba ninguna reducción en los beneficios para los jubilados”, Vázquez, dijo que quería que la junta terminara su trabajo “lo antes posible” y que los recortes ahora evitarían la necesidad de recortes de pensiones de hasta 25% en el futuro. Si bien la administración de Vázquez se opone a recortar las pensiones, no obstaculizará el progreso del plan de ajuste de la deuda de la junta federal, dijo durante una reunión pública de la junta el mes pasado Elí Díaz Atienza, representante sin derecho a voto de la gobernadora ante la junta. Aún así, la administración buscará aliviar futuros recortes de pensiones a través del presupuesto del Estado Libre Asociado, dijo Díaz Atienza.

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