Por Alejandro Villagómez

Los cambios demográficos que se han venido observando en las últimas décadas en la mayor parte de los países y el gradual envejecimiento de la población han conducido a colocar como un tema central en la agenda de políticas públicas la necesidad de garantizar la protección del ingreso para la población adulta mayor. Con pocas excepciones, en la mayoría de los países en desarrollo la cobertura de protección para esta población es muy baja y los niveles de pobreza son altamente preocupantes. La cobertura en los programas públicos de pensiones contributivas es generalmente muy baja, lo que ha obligado a recurrir a programas de transferencias y asistencia social que garanticen un ingreso mínimo durante esta fase de la vida. Por desgracia, estos programas no son suficientes, además de que generan importantes presiones fiscales que ponen en duda su viabilidad financiera en el largo plazo. En México, el problema de la baja cobertura de pensiones y de protección al ingreso para la población adulta mayor ha sido tradicionalmente muy importante, comparado con países similares en la región latinoamericana.

A pesar de que, en las últimas décadas, los programas públicos de pensiones existentes han sido reformados, estos cambios no han tenido un impacto relevante en términos de cobertura, por lo que menos de 50% de la Población Económica Activa (pea) se encuentra actualmente cubierta por alguno de estos programas. El problema no solo es preocupante debido al cambio demográfico, que conduce a una creciente población adulta mayor, sino que se complica, ya que la existencia de un enorme mercado informal y una alta movilidad entre el sector formal y el informal significan que muchos de los afiliados a estos programas no lograrán cubrir los requisitos de contribución mínima para tener derecho a una pensión y/o sus densidades de cotización serán muy bajas, por lo que, al final, no tendrán derecho ni siquiera a una pensión mínima garantizada.

Fuente: amazonaws