La aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que continúa vigente legalmente aunque no se utiliza desde 2018, habría supuesto este año una bajada de las pensiones del 2,13%, de acuerdo con un informe elaborado conjuntamente por la consultora Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de las Universidades de Valencia y Extremadura. Esta reducción es menor que la que habría resultado en 2018 por el mismo motivo, el 3,02%.

El IRP fue un instrumento establecido en la Ley 23/2013 e ideado como “sustituto” de la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El objetivo es que este mecanismo de ajuste automático anual garantizara el equilibrio financiero del sistema público de pensiones. En realidad, nunca se llegó a aplicar pues el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió fijar un mínimo de subida, el 0,25%, todos los años. Este mínimo fue el incremento que experimentaron las pensiones públicas en los ejercicios de 2014 a 2017. En los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aprobados a mitad del ejercicio, se pactó una subida del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas y no contributivas con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con lo que los pensionistas recibieron una paga compensatoria a mediados de año. La decisión de la subida se extendía a 2019 y la prórroga de los Presupuestos de 2018 lo confirmó. En todo caso, y mientras tanto, el Pacto de Toledo acordó que a partir del año próximo la revalorización anual de las pensiones se realizará según el IPC.

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