Los últimos y preocupantes datos sobre el gasto que España destina a pensiones revela que la cuantía media mensual de las nuevas prestaciones de jubilación a 1 de marzo ha aumentado un 11% respecto al mismo mes del año anterior. Aunque buena parte de ese incremento se explica por una circuntancia coyuntural, la jubilación anticipada y anómala de un colectivo de 3.000 policías municipales, ese repunte se une a las últimas subidas adoptadas desde el pasado mes de agosto, lo que sitúa la pensión media de retiro un 5% por encima de la de 2018.

Un incremento anual de ese calibre resulta insostenible para cualquier sistema, pero especialmente para uno lastrado por un déficit estructural superior a los 18.000 millones de euros anuales, una cifra equivalente al 1,5% del PIB. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ese boquete se incrementará entre 2 y 4 puntos del PIB en las próximas tres décadas por el envejecimiento de la población, lo que significa que el montante del déficit se triplicará a menos que se adopten medidas para controlarlo. Lamentablemente, las últimas decisiones ejecutadas en este ámbito no solo por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también por el de Mariano Rajoy, han ido exactamente en sentido contrario. El aplazamiento de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta después de 2023, el incumplimiento en abril del año pasado de la Ley de Seguridad Social, que limitaba la revalorización de las pensiones a un 0,25% mientras hubiese deficit, la subida de las prestaciones aprobada entonces por Rajoy y mantenidas también por Sánchez, que ha seguido incrementándolas, explican unas cifras de gasto que se hallan claramente fuera de control.

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