México. El plan para las Afores de AMLO tiene un riesgo…
El plan de Andrés Manuel López Obrador de dejar que los fondos de pensiones de México inviertan en activos más diversos, incluidos fondos de capital privado, hace creer a los inversionistas que el presidente dirigirá los fondos hacia sus propios proyectos de infraestructura.
“La preocupación es que esta podría ser una manera de financiar proyectos de interés del gobierno, para los cuales carece de fondos fiscales, pero que son polémicos desde el punto de vista económico”, explica Gustavo Rangel, economista jefe para América Latina de ING Financial Markets, en Nueva York.
El plan, presentado al Congreso la semana pasada, se encuentra entre una serie de medidas implementadas por el gobierno este mes para profundizar en los mercados de capital de México, incluida una propuesta para reducir los impuestos sobre las ganancias de las ofertas públicas iniciales, a fin de alentar a más compañías a salir a bolsa.
La propuesta aflojaría la regulación de los fondos conocidos como Afores, cuyos 249 mil millones de dólares bajo administración son equivalentes al 90 por ciento de la capitalización de mercado del índice bursátil de referencia de México.
La iniciativa para cambiar diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) derivaría en una mayor flexibilidad del régimen de inversión y la transformación de la figura de ‘Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro’ a ‘Fondos de Inversión Especializados en Fondos para el Retiro’.
Si bien el cambio probablemente estimulará las entradas, los críticos dicen que también podría ayudar a financiar inversiones alternativas como Fibras, las estructuras que se pueden usar para respaldar proyectos de construcción gubernamentales. También permitiría inversiones en vehículos fuera de las bolsas, incluido el capital privado.
Sin embargo, las Afores ya han pasado por ahí, irónicamente, con el proyecto de aeropuerto. Nacido bajo el auspicio del expresidente Enrique Peña Nieto, el proyecto fue pagado en parte por un instrumento especial llamado Fibra E, cuyos inversionistas incluían cuatro fondos de pensiones, administrados por Grupo Financiero Inbursa y Grupo Financiero Banorte. Todavía no está claro exactamente cómo recuperarán ese dinero.
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