El que maestros no se retiren no solo afecta su salud, también la oportunidad para que nuevos profesionales ingresen al sistema público de educación

Magdalena (nombre ficticio) tiene 55 años de vida y 32 de laborar como maestra. Cumplió la edad de jubilación el año pasado, pero no se retiró porque la pensión que recibiría no es suficiente para cubrir sus gastos.

La maestra tiene un salario de $655, pero en sus años de servicio solo ha logrado ahorrar $20,000 en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que, al retirarse, tendría la pensión mínima de $207.60 mensuales.

“La pensión es demasiado baja y no va acorde al costo de la vida, ni de la canasta básica. El salario también es bajo y por eso no me puedo retirar mientras no haya pagado mis deudas”, afirmó. Aunque tenga el deseo de retirarse, por el momento y debido a sus deudas, continuará trabajando por tiempo indefinido, pero seguirá cotizando para lograr una pensión vitalicia, que recibirá después de 20 años o cuando se agote el dinero ahorrado.

Magdalena es parte de los 900 maestros que en 2018 decidieron no apegarse al decreto de retiro voluntario que aprobó la Asamblea Legislativa, que permitía la jubilación de 1,383 docentes y 400 trabajadores administrativos a nivel nacional, que tuvieran la edad y años de servicio necesarios para ello.

Los maestros que se acogieran al decreto recibirían 12 salarios como compensación, en dos bonos, uno pagado en marzo y el otro en junio de este año, pero solo 400 docentes y 200 trabajadores administrativos se retiraron.

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