Son la alcancía más grande del país aunque no les pertenece a todos, valga aclarar. Han acumulado la friolera de 16.447 millones de dólares. La suma supera, por ejemplo, a las cifras récord que Bolivia alcanzó en reservas internacionales durante la década de la bonanza del gas. Éstas, en noviembre de 2014, llegaron a 15.418 millones de dólares, antes de iniciar una acentuada baja.

Probablemente nunca se concentró tal cantidad de recursos en una sola entidad. Mal que mal esta alcancía no deja de crecer, aunque, según los expertos, podría hacerlo de mucho mejor manera. Se trata de las conocidas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro. Estas entidades privadas, administradas por el banco español BBVA y el grupo Zurich Financial Service, respectivamente, según han anunciado las autoridades, se irán del país hasta marzo de 2019. Dejarán todas sus responsabilidades a una entidad dependiente del Estado boliviano: la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

UN RETRASO NADA RENTABLE

Constituye un proceso que ya dura más de ocho años y sigue sumando plazos. Es un proceso que se entrecruzó y desató al menos seis crecientes problemas y preocupaciones. Las principales víctimas de los líos legales y administrativos son quienes mes a mes ahorran sus dineros para tener una renta de jubilación.

El primer problema constituye el tortuoso proceso de traspaso de las AFP a la Gestora estatal. Fue una decisión tomada al más alto nivel. En 2010, la entonces nueva Constitución Política del Estado (CPE) estableció que el sistema de pensiones no podía ser administrado por entidades privadas. Es decir, las AFP debían irse del país. En consecuencia los plazos para el cambio fueron fijados, pero no se pudieron cumplir. Y ahí empezaron diversos problemas.

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