Sobre el papel, los números cuadran. En la realidad, a Bruselas se le presentan muchas dudas. Las fuentes consultadas anticipan algunos desencuentros importantes entre la capital comunitaria y el Ejecutivo de Sánchez que se traducirán en algunos avisos de mayor o menor virulencia según el análisis pausado del anteproyecto de presupuestos remitido ayer a la capital comunitaria. La indexación de las pensiones para vincularlas al IPC preocupa especialmente a Bruselas, que en numerosas ocasiones se ha mostrado en contra de esta medida al considerar que ponen en peligro la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Llueve sobre mojado. El aplazamiento del factor de sostenibilidad ligado a las pensiones tampoco sentó bien en la capital comunitaria.

Además, Bruselas observará con lupa cada capítulo de ingresos y las estimaciones realizadas por el Gobierno español. No es la primera vez que hay choques en este sentido y suelen ser la tónica habitual con casi todas las capitales europeas. Parece que esta vez tampoco va a ser la excepción. El Ejecutivo español ha fiado el aumento del gasto público a ingresos extraordinarios por valor de 5.678 millones de euros. Dos de las medidas estrella son los cambios en el IRPF y en nuevo impuesto a las tecnológicas, la conocida como «tasa Google». Esta última medida no disgusta a Bruselas, que incluso está promoviendo introducir este impuesto en los Veintiocho, pero los cálculos que ha realizado el Gobierno pueden pecar de optimistas. España confía en ingresar 1.200 millones de euros cuando las estimaciones de Bruselas calculaban que este impuesto introducido de manera simultánea en todos los países europeos conseguiría recabar unos 5.000 millones de euros.

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