Por Luis Eduardo Díaz

La seguridad social posee una magnitud jurídica considerable en Venezuela. Su medida, distorsionada e incoherente, complica sus objetivos.La regulación legislativa está sobre dimensionada, porque entre otras razones; las leyes han sido muchas y pocos sus resultados, las conexiones inter normativas no existen y prevalece una protección social corporativa que resta uniformidad al sistema.
El derecho, paradójicamente, está lleno de incertidumbre, las medidas ejecutivas que lo sustituyen, frustran los efectosesperados, cada vez más lejanos; por el número de agencias gubernamentales que intervienen, inventando a su modo el derecho a la protección social y actuando de forma descoordinada. De hecho, se desregula, las decisiones son desordenadas, autárquicas ose dejan de lado las importantes, porque las fracciones reinan y son las que crean las principales barreras de acceso a la justicia;se arrastran o amplían las personales ylas institucionespierden importancia,haciendosu entrada el capital, sin intermediación legal y legítima procedencia.

Este estudio podrá revelar el tamaño de la fuerza económico- financiera, comparada con el discurso jurídico y políticodel bienestar, de cómo se coordinan ambas líneas de acción, cuál es su grado de convergencia, la flexibilidad para cambiar, el patrón de respuesta a los intereses de los grupos, el impacto sociopolítico de las medidas y el nivel de cumplimiento. En segundo lugar, poder medir el desempeño del sistema, contemplarse amenazas y la subsistencia de alguna regulación. Y por último, se estará en capacidad de evaluar la postura de los actores, las jerarquías que prevalecen y el poder que flota y reina detrás del andamiaje.

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